Por Ángel Álvaro Peña
La Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados, nunca había cometido un descalabro de las dimensiones presentadas en su más reciente informe. Algunos tomaron dicho documento como una prueba fehaciente de que existe corrupción en la actual administración, otros, más cautos, prefirieron esperar a las aclaraciones que exige dicho informe según lo habitual desde hace 20 años.
La prensa crítica siempre atenta al desarrollo administrativo del gobierno, apresurada por los tiempos electorales se anticipó a calificar el informe y colocarlo al nivel de una investigación policiaca. Hubo aclaraciones que debieron ajustar cuentas y, como nunca había sucedido, los errores de la ASF se multiplicaron tanto como para pensar que sólo fueron malos cálculos.
Ahora el Presidente debió enviar una carta a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri, para solicitar una investigación de dónde y cómo se produjeron tantos errores, por lo que la oposición y la prensa crítica de inmediato crearon un frente haciendo pensar que la Auditoria era sumisa al presidente de la República, lo cual puede ser, pero todavía no tienen pruebas.
Lo cierto es que más allá de la aclaración del secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sobre los pagos a los inversionistas del aeropuerto de Texcoco y el de Santa Lucía hay otras dudas serias en el gasto del gobierno de la Ciudad de México y respecto a los programas sociales. De ahí la necesidad de la investigación a la que López Obrador convocó a la presidenta de los diputados a realizar.
Es bueno que haya prensa crítica, es normal que haya oposición, lo que no se vale es crear una ficción alrededor de una situación que nunca ha sucedido.
El Presidente no tiene derecho a solicitar y menos a exigir la renuncia del auditor Superior de la Federación, pero sí puede pedir una investigación para conocer si se hizo con dolo, esto no implica que los diputados estén en obligación de realizarla. De tal suerte que, de ser así, el simple hecho de ser exhibido como alguien que dejó pasar una alteración de este tamaño, lo obliga a renunciar, por dignidad.
El propio David Colmenares Páramo, expresó estar dispuesto a renunciar si se lo solicitan. Pero sabe que el menos culpable de la presunta mala voluntad es él; sin embargo, no faltará quien quiera verlo como el que concentró toda la responsabilidad. Su trabajo no es revisar, paso por paso, lo que sus subordinados calculan o dejan de calcular, menos aún de los algoritmos usados o de los criterios aplicados.
La calificación final de la Auditoría la determinarán el lunes quienes lo eligieron, es decir, los diputados.
Los tiempos electorales exigen no sólo precisión en todas y cada una de las tareas de la función pública, sino una responsabilidad adicional, donde cualquier acierto o cualquier error puede ser interpretado como injerencia en los comicios.
Este panorama puede exigir un chivo expiatorio, que deberá ser señalado para que las aguas se calmen en vísperas de unas elecciones que de por sí son complejas.
Por ejemplo, para la secretaria de Energía, Rocío Nahle, la Auditoría Superior de la Federación cometió “grandes errores” en el análisis de la refinería Dos Bocas, ya sea por “mala fe” o por “ignorancia”.
Según la senadora Lily Téllez, la rectificación del auditor se debió a un acto de sumisión y es por ello que debe renunciar. Ahora la polarización social tiene un elemento más que nace como distractor, porque en lugar de que el electorado busque proyectos, planes, programas de los partidos, estará buscando culpables e inocentes.
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