POR LA REDACCIÓN , 29 SEPTIEMBRE, 2017
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Artículo 19 dio a conocer hoy un reporte sobre la actuación de los gobiernos federal y capitalino luego del sismo del martes 19, en el que concluye que incumplieron con los estándares internacionales en contextos de desastres naturales
.La actuación de las administraciones de Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Mancera ante la tragedia, sostuvo, redundó en perjuicio de garantías fundamentales, lo que se tradujo en un “vacío informativo” en diversos aspectos que, en mayor o menor grado, impactaron derechos humanos de la sociedad, como la vida, la integridad y la seguridad personales.
Ese vacío informativo –dice– ya ha sido motivo de denuncias públicas por parte de vecinos, familiares de personas atrapadas entre los escombros y damnificados en edificios ubicados en Álvaro Obregón 286 y en el Multifamiliar Tlalpan, entre otros.Incluso, refiere que la falta de información clara y precisa provocó, tres días después del terremoto, tensiones y conflictos en puntos como Chimalpopoca y Bolívar, donde se desplomó una fábrica textil.
En su reporte, Artículo 19 consigna que logró documentar que las autoridades federales y locales aplicaron un férreo bloqueo informativo a los periodistas, cuya labor, dice, resulta fundamental en el contexto de desastres naturales.“No hay justificación sobre esta respuesta limitada y restringida en materia de comunicación, cuando se cuenta con vastos recursos para informar a la sociedad.
Por el contrario, la comunicación gubernamental se ha enfocado, una vez más, en promover la imagen del presidente de la República, otros altos funcionarios e instituciones en los lugares de desastre, en lugar de brindar información adecuada, pertinente, idónea y necesaria en este contexto”, consigna.
Y destaca que tampoco se explica por qué no se ha concentrado la vocería en una persona que informe de manera constante y periódica a la población.
En los lugares de colapsos o daños severos, indica, se reproduce el mismo esquema: no hay quien concentre la información, o quien la concentra la brinda de manera limitada. Incluso, como en el caso “Frida Sofía”, la información provista por fuentes oficiales ha distorsionado la realidad de los hechos.
El organismo señala que tampoco se cuenta con cifras oficiales aproximadas de personas desparecidas, o con un listado que recupere en su totalidad los datos de personas hospitalizadas.Durante los momentos más apremiantes de búsqueda y rescate, y hasta la fecha –acota–, no ha fluido información oficial adecuada sobre las necesidades en lugares de colapso, centros de acopio y albergues.
“Lejos de informar, la estrategia gubernamental en los niveles federal y local ha tenido como objetivo controlar y administrar la información. No es casual que ante la falta de coordinación interinstitucional que redunda en el vacío informativo, diversas iniciativas ciudadanas –como #Verificado19S– hayan suplido la ausencia del Estado en este rubro”, subraya.
Para documentar lo anterior, Artículo 19 realizó encuestas en 11 puntos distintos de la capital del país donde cayeron edificaciones o los inmuebles sufrieron daños severos.
De los resultados obtenidos se desprende que, ante la inexistencia de información oficial sobre personas desaparecidas, las acciones provinieron fundamentalmente de la sociedad civil, la cual creó listas colaborativas con procedimientos de verificación.
En el caso de las personas ingresadas en los hospitales, la información oficial, dice, se difundió a través de Locatel, pero, ante las deficiencias ya planteadas, la población generó un registro más efectivo a través de cuentas en Twitter y Facebook que se sistematizó en listas colaborativas.
Además, subraya que el gobierno mexicano ha utilizado los espacios de publicidad oficial en medios de comunicación masiva, como la radio y la televisión, para difundir spots, con el formato característico de este gobierno federal, en los que, en vez de proporcionar información de interés público para la ciudadanía, pretende resaltar que las instituciones gubernamentales están cumpliendo con sus obligaciones, lo que, con base en esta documentación, es medianamente cierto.
A su juicio, lejos de incentivar mecanismos efectivos para evitar la propagación de mensajes inciertos, las autoridades federales y locales emprendieron los días 22, 23 y 24 de septiembre una campaña de mensajes contradictorios –a través de cuenta oficiales como @segobmx o del propio Osorio Chong, @osoriochong– para que las personas hicieran caso omiso a los rumores e invitaron a consulta.
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