Durante la madrugada del 14 de agosto, a bordo de una camioneta tipo Van y escoltado por tres patrullas de la Guardia Nacional, ingresó a su domicilio el exgobernador poblano Mario Marín.
Un fuerte dispositivo de seguridad ya esperaba la llegada del convoy a los alrededores de la avenida San José Xilotzingo, importante arteria vial ubicada al sur de la capital del estado de Puebla.
El exmandatario, quien estuvo al frente del ejecutivo estatal del 2005 al 2011, enfrentará su proceso judicial en arraigo domiciliario, una decisión dictada por la juez Segunda de Quintana Roo, Angélica del Carmen Ortuño, el pasado sábado.
La medida establece que Marín debe permanecer en su domicilio, vigilado con un brazalete electrónico que permitirá a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares localizarlo y asegurar que no abandone el hogar. Además se le confiscó su pasaporte y visa, prohibiéndole viajar fuera del país.
Amonesta juez a coordinador por demora
La decisión de la juez Ortuño de conceder el beneficio procesal de la prisión domiciliaria fue acatada por las autoridades quienes, sin embargo, demoraron un tiempo para hacer efectiva la orden girada por la impartidora de justicia.
“Esta potestad jurisdiccional, con el fin de garantizar la observancia de sus propias determinaciones, amonesta al Coordinador General de Control Penitenciario, para qué de manera inmediata gestione y dé cuenta a esta juzgadora del resultado de los oficios emitidos a las distintas autoridades”, señala en el oficio relacionado con la causa penal 26/2018.
Buscan más órdenes de aprehensión contra Marín
Una de las razones por las que el funcionario penitenciario no había hecho válida la orden de prisión domiciliaria, emitida el pasado 10 de agosto, era porque estaban verificando que no existieran órdenes de aprehensión pendientes en contra del político poblano.
De hecho, hasta el momento, todavía 15 dependencias estatales de procuración de justicia no han informado sobre si existen investigaciones en curso contra Mario Marín, aunque estas ya le serán notificadas en su domicilio.
FUENTE EL HERALDO DE MÉXICO
