Poza Rica, Ver. – Después de casi una década de espera, la justicia alcanzó a uno de los responsables de uno de los crímenes más indignantes registrados en el norte de Veracruz. Un juez dictó 210 años de prisión contra Luis Alberto “N”, tras encontrarlo culpable del delito de secuestro agravado en agravio de dos sacerdotes y un sacristán.
Los hechos ocurrieron el 18 de septiembre de 2016, cuando sujetos armados irrumpieron en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en la ciudad de Poza Rica. En el lugar se encontraban los sacerdotes Alejo Nabor Jiménez Juárez y José Alfredo Suárez de la Cruz, quienes fueron sometidos junto a un sacristán por un grupo criminal.
De acuerdo con los hechos establecidos en el proceso, el ahora sentenciado participó directamente en la privación de la libertad de las tres víctimas, dos de ellas sacerdotes de la iglesia donde fueron sustraídos, en un acto que se cometió con violencia al interior del recinto religioso.
Tras el secuestro, las víctimas fueron trasladadas a una zona rural. Horas más tarde, los cuerpos de los sacerdotes fueron localizados sin vida en un camino entre Poza Rica y Papantla, atados y con impactos de arma de fuego. El sacristán logró escapar, convirtiéndose en testigo clave para el esclarecimiento del caso.
El proceso judicial se desarrolló bajo el juicio oral J-17/2024, en el cual la autoridad determinó la responsabilidad penal de Luis Alberto “N”. Como resultado, además de la pena privativa de la libertad por 210 años, el juez ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como las sanciones correspondientes por la gravedad del delito.
La condena se desglosa en 80 años de prisión por cada uno de los sacerdotes asesinados y 50 años por la víctima sobreviviente, en el marco del delito de secuestro agravado.
Este crimen generó una fuerte reacción en su momento. La Conferencia del Episcopado Mexicano condenó los hechos y advirtió sobre los riesgos que enfrentaban los sacerdotes en distintas regiones del país, en un contexto de violencia creciente.
A lo largo de los años, el caso avanzó entre investigaciones, detenciones y procesos judiciales que se extendieron en el tiempo. La reciente sentencia representa uno de los castigos más severos en Veracruz por este tipo de delitos y busca cerrar un capítulo que dejó una profunda huella en la sociedad.
Para la comunidad católica y la población en general, la resolución llega como un acto de justicia largamente esperado, aunque el recuerdo de lo ocurrido en 2016 permanece como símbolo de una etapa marcada por la inseguridad en la entidad.
