Por Ángel Álvaro Peña
La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se convirtió en una trampa para las autoridades de la 4T. El informe dado a conocer el 19 de agosto de este año con la finalidad de que el octavo aniversario de la desaparición no se convirtiera en un escándalo internacional, le falló a Alejandro Encinas, a pesar de que fue revisado por el propio Presidente de la República.
Al señalar que el propio López Obrador había autorizado el documento, la trampa se cerró y el pez, que por su boca muere, se ensartó en el anzuelo. El primer error consistió en decir que se trataba de un “Crimen de Estado”. En los crímenes de Estado no hay culpables, sólo una acusación política, y el caso Ayoitzinapa es político, judicial, policíaco, de violación de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad, por decir lo menos.
Es decir, que al haber varias instancias involucradas unas invadieron las áreas de otras, se interpretó el Código Penal con visión política y a partir de esa observación del subsecretario encargado del caso, todo se vino abajo, junto con su prestigio.
Al concentrarse en un crimen de Estado, se intentó culpar a políticos y se olvidaron de poner los nombres de quienes ejecutaron el delito, con el pretexto de que, a la instancia de Encinas, la subsecretaría de Derechos Humanos, eminentemente política, no le correspondía, porque entonces estaría haciendo tareas de un Ministerio Público. Así, evitó señalar responsables con el pretexto de invadir atribuciones; en cambio, si se extralimitó en otras a la hora de ponderar que la investigación del actual gobierno era diferente a la emitida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, porque en realidad tienen muchas semejanzas.
Presionado por el tiempo, Encinas hizo las cosas al aventón al incurrir en los mismos errores que Tomás Zerón, ahora prófugo de la justicia y refugiado en Israel. Y, en lugar de aplicar el sentido común a la investigación le dio preferencia a demostrar que ahora sí se conocería la verdad. Una verdad muy cercana a la verdad histórica de Murillo Karam.
La obsesión de Encinas por culpar al Ejército, influido por sus viejas actividades guerrilleras, y tratando de probar que el Ejército de ahora es diferente al de hace ocho años, se le fueron nombres y sólo dio dos de generales, de los cuales sólo uno está en prisión, pero dejó de lado a otros que incurrieron en delitos similares, de diferentes rangos militares.
Para la verdad histórica de Murillo Karam, las autoridades se llevaron menos de un mes, se dio a conocer el 27 de octubre de 2014, en cambio la 4T para llegar a conclusiones similares se tardó casi cuatro años.
Ante esta situación se le acusa al propio Encinas de sabotear la investigación que, voluntaria o involuntariamente, echó a perder, pero también se le señala por revelar secretos de Estado, por compartir información extranjeros, es decir a los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este grupo está compuesto por investigadores de diferentes países, y su calidad de investigadores internacionales no les quita la calidad de extranjeros, por lo que se incurre en el delito de traición a la patria, como lo han hecho panistas y priistas al denunciar supuestas anomalías del actual gobierno mexicano en el extranjero. Acusación que tiene ahora como bandera la 4T, de la que Encinas forma parte.
Anunciar tan ligeramente que la desaparición de los estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, es un Crimen de Estado, significa otorgar la impunidad a los verdaderos culpables, y, al mismo tiempo, se presta para señalar chivos expiatorios. Porque la frase Crimen de Estado es una abstracción, con significados políticos, pero sin peso penal, ni cargos a personas físicas reales. Así, Encinas, actuó con una gran irresponsabilidad a la hora de intentar sobresalir, que, al final de cuentas, resultó todo lo contrario.
Por su parte, Omar Gómez Trejo renunció como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa perteneciente a la Fiscalía General de la República, según anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mientras esto sucede y las pifias aumentan, los padres de los estudiantes desaparecidos se indignan al descubrir los motivos políticos de una investigación que debió estar apegada a derecho y de acuerdo a las instancias que realizaban las pesquisas. Por esto y el tiempo transcurrido sin avances reales, el movimiento de Ayotzinapa se radicaliza y extiende más allá de los límites de Guerrero y más allá de las fronteras de México.
PEGA Y CORRE
Mientras la crisis de vivienda en el país crece, en Nuevo León existen al menos 26 mil viviendas asignadas por el Infonavit deshabitadas, lo mismo sucede en otras partes del país que sumarían más de 100 mil. Lugares vacíos que a veces nadie aceptó por las malas condiciones y la distancia a centros urbanos. Habrá que darles una solución rápida… Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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