SAN LUIS POTOSÍ, SLP. (Proceso).–Al tiempo que es una de las rutas que más aporta a la conectividad del país, pues comunica a la Ciudad de México con la frontera norte a través de ocho entidades federativas, la carretera federal 57 también concentra una elevada y diversa incidencia delictiva, en la que el tráfico y el secuestro de migrantes, motivo de foco nacional durante la Semana Santa, son sólo una parte del todo.
“Hablamos de una situación crítica en San Luis Potosí” en el caso del autotransporte de carga, lamenta José Luis López Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), quien considera que, a partir de la disolución de la Policía Federal y la creación de la Guardia Nacional, se vieron menguadas las capacidades de las corporaciones para vigilar, sobre todo en carreteras como la federal 57, específicamente en el tramo que atraviesa San Luis Potosí.
La Conatram calcula que los robos a transporte de carga en territorio potosino significan pérdidas que rondan los 100 millones de pesos mensuales.
De acuerdo con el delegado de esa organización, ni la militarización de las corporaciones federales de seguridad ni el cambio de modelo policial que llegó con el arribo de Ricardo Gallardo Cardona al gobierno del estado han surtido efecto sobre un fenómeno cuyas consecuencias recaen lo mismo sobre turistas que sobre trabajadores, transportistas de carga y pasajeros, así como sobre ciudadanos comunes que habitan en alguno de los seis municipios que atraviesa la vía.
“El turista tiene mucho miedo de viajar, lo cual causa que no lo haga, y eso nos afecta a todos los que nos dedicamos a esto”, relata una microempresaria dedicada a organizar viajes turísticos en el municipio de Matehuala, en el Altiplano potosino, donde a principios de abril se efectuó el rescate de 59 migrantes. La mujer pidió no publicar su nombre por motivos de seguridad.
Desde entonces, como otras veces en que han ocurrido hechos similares, el miedo de los turistas a viajar por carretera se suma al de quienes transitan por ahí de manera regular, pero ya no se detienen a realizar compras o a consumir alimentos en el municipio por temor a ser víctimas de algún delito.
