El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio y Javier Francisco fueron asesinados y señalados como sicarios; a nueve años, el Estado mexicano reconoce las irregularidades cometidas en la investigación y promete dar una reparación integral a las familias de los jóvenes.
A nueve años de buscar justicia y el esclarecimiento de los hechos, familiares de los dos alumnos de excelencia del Tecnológico de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, asesinados el 19 de marzo de 2010 a manos de militares, recibieron una disculpa pública por parte del Estado mexicano.
En la noche del 19 de marzo de 2010, Jorge y Javier fueron asesinados en las inmediaciones del Tec de Monterrey, por elementos del Ejército quienes enfrentaban a supuestos criminales, y abatieron a los dos jóvenes argumentando que eran sicarios, incluso modificaron la escena del crimen y colocaron armas en los cuerpos de las víctimas para comprobar su supuesto vínculo delictivo.
Ante esto, el gobierno de México, a través de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa y se comprometió a dar una reparación integral a los familiares.
“A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación de sus derechos humanos en marco del uso excesivo de la fuerza, razón por la cual elementos del Ejército Mexicano privaron de la vida a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo (…) les ofrezco una disculpa por el daño a la imagen y el honor de Jorge y Javier, derivadas de las falsas acusaciones de las autoridades y por la alteración de la escena de los hechos”, expresó Sánchez Cordero a los padres de los estudiantes asesinados.
También se comprometió a garantizar la reparación integral del daño a familiares, provocado por las autoridades durante estos años y se comprometió a implementar las medidas de no repetición.
“El Estado reconoce que Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo eran estudiantes de excelencia del Tec de Monterrey, no sicarios”, agregó la secretaria.
Resaltó el trabajo hecho por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso, del cual derivó la recomendación 45-2010, en donde se comprueba la existencia de diversos obstáculos y la falta de colaboración en la investigación por parte de las autoridades estatales y federales.
Las evidencias encontradas por la CNDH son suficientes “para acreditar el uso arbitrario de la fuerza por parte de los militares en perjuicio de los jóvenes. Así como en la comunidad del Tec de Monterrey y de la sociedad en general, debido al enfrentamiento que sostuvieron las fuerzas armadas en vía pública, en la que se puso en riesgo la vida de muchas personas”, señaló Sánchez Cordero.
Para finalizar la secretaria reconoció el trabajo hecho por los familiares y amigos durante estos años, para lograr justicia y la disculpa pública por parte del Estado.
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