Por Ángel Álvaro Peña
El tiempo de la contemplación, del perdón y del olvido ya pasó. La exigencia callada, casi muda de que alguien de los tantos y tantos corruptos de los sexenios anteriores esté bajo la sombra, empieza a dibujarse como una esperanza de justicia en México.
Luego de que se le sancionara sutilmente al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, ahora la Fiscalía General de la República obtuvo una orden de aprehensión en su contra. Sobre Lozoya pesan varias acusaciones por actos de corrupción.
Por otra parte, fue aprehendido en España el dueño de la empresa Altos Hornos de México, compañía que vendió en el sexenio pasado a Pemex una planta de fertilizantes a un precio muy por encima del estimado por expertos. Se trata de Alonso Ancira, quien también fuera director general de esa empresa.
Toda transformación que se realiza en medio de una crisis económica o política tiene consecuencias legales, porque una de las características de esas crisis es precisamente la impunidad que arrojan los excesos de quienes gobernaron y a quienes el pueblo da la espalda en los comicios.
Ahora, frente a la necesidad de barrer con fuerza, de depurar con precisión, de purgar sin piedad la justicia en México, se hace necesario que uno a uno de los funcionarios que no realizaron correctamente su trabajo paguen sus culpas ante la justicia, pero sobre todo, frente a una población que quiere que haya legalidad y no podrá haberla sin que haya culpables con sentencia.
Los tiempos en los que se buscaba la armonía entre los mexicanos no fueron posibles ante la reiterada expresión de descalificaciones ante cualquier decisión de la presente administración. El momento de concordia fue propuesto por el propio presidente de la República, pero nadie supo concebir este tipo de treguas, que llegaron a su fin. Y no finalizaron a causa de la guerra sucia de algunos medios tradicionales sino porque el tiempo de paz y perdón ante los delitos terminó. Es decir, las investigaciones sobre el mal manejo de fondos, sobre el abuso del poder, de los excesos de los funcionarios públicos también concluyeron, o por lo menos arrojan, por fin, órdenes de aprehensión. De hecho, se habían tardado.
Hubo muchos funcionarios públicos de las administraciones pasadas que fueron señalados por los medios como corruptos, pero la ley no se aplica a través de las denuncias de los medios sino a partir de investigaciones concretas que deben dar como resultado la sospecha, y finalmente la culpabilidad comprobada.
Ante esta situación la justicia en México tiene ahora la posibilidad de que haya legalidad y la impunidad deje de imperar, sobre todo en la administración pública que tanto daño hizo a México y a los mexicanos.
Es necesario que no se detenga la mano de la justicia y paren los ilícitos de los funcionarios públicos, del pasado y del presente, sin importar el color de sus partidos políticos, sólo así se erradicará la corrupción que fue la bandera que llevó a los actuales funcionarios al poder. Ahora, a cumplir con lo prometido y a cumplimentar con las órdenes de aprehensión. PEGA Y CORRE.- Los trabajadores del Sindicato Independiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado parecen tener la brújula perdida ante
el bombardeo de noticias sobre el sector salud que son tan continuas como contradictorias. Acostumbrados a los líderes charros y a las mentiras de la parte patronal, los trabajadores del ISSSTE, ahora protestan por lo que puede suceder, ni siquiera saben que podría haber recorte de personal, pero ellos en su fantasía, consideran que deben estar afuera del Centro Médico Nacional 20 de noviembre en la colonia Del Valle, y como no hayan pretexto pues se inconforman por la política de austeridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aunque todavía a ellos no les afecte. Antes se protestaba por las decisiones antipopulares de los gobiernos, ahora protestan por lo que puede suceder y a veces sólo acontece en su imaginación…Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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