En los últimos cinco años, más de 606 mil migrantes centroamericanos han ingresado a México, de acuerdo con las cifras reportadas por la Secretaría de Gobernación (Segob). La mayoría son guatemaltecos (261,342), seguido por hondureños (226,020), y salvadoreños (118,736), los que han ingresado al país entre 2013 y 2017 y que fueron presentados ante alguna autoridad migratoria.
De acuerdo con reportes de los medios de comunicación, el grupo de personas que partió el 13 de octubre de la capital hondureña, San Pedro Sula, se ha elevado hasta superar los 6 mil integrantes, una cifra que despertado temor y rechazo entre la ciudadanía, e incluso, entre políticos como el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.
«Creo que cuando damos demasiadas libertades, la gente hace lo que le da la gana, les quitamos también oportunidades a los de aquí, es responsabilidad nuestra, si nos sobra con mucho gusto, pero si nos falta, no»: Jaime Rodríguez Calderón.
Esta cifra es aproximadamente 100 veces más elevada que el número de integrantes de la Caravana Migrante, y que irrumpieron en territorio mexicano a través de la frontera sur el pasado 19 de octubre.
Tan solo entre enero y septiembre de este año, la Unidad de Política Migratoria de la Segob registró un total de 87 mil 970 ingresos de personas procedentes de América Central:
- El Salvador: 9,503
- Guatemala: 36,708
- Honduras: 41,759
Las otras oleadas de migrantes
La llegada de grupos numerosos de migrantes que viajan en grupos de familias o que forman caravanas para migrar de manera más segura es un fenómeno de más conocido para las autoridades mexicanas.
La doctora Alejandra Castañeda, coordinadora del Observatorio de Legislación y Política Migratoria de El Colegio de la Frontera Norte, recuerda que en años recientes se han presentado migraciones significativas de personas de países como Cuba, particularmente entre 2015 y 2017; Haití en 2016; Venezuela en 2017 y 2018 y de Nicaragua desde 2016, aunque en menor proporción.
A través de un comunicado de prensa, Castañeda reconoce que la actual coyuntura representa un reto mayúsculo para el gobierno federal de México, que, por un lado, busca el manejo ordenado de la migración, pero que también debe respetar las obligaciones internacionales y la propia ley de asilo mexicana, de apoyo a poblaciones vulnerables.
Sin embargo, también requiere de un compromiso de los gobiernos de sus países de origen, cuyas condiciones adversas los orillan a abandonar sus hogares.
«Este desplazamiento masivo de población sin duda alguna obliga a una respuesta regional comprensiva y humanitaria y evitar a toda costa normalizar y aceptar la salida masiva y forzada de las poblaciones de sus tierras natales»: Alejandra Castañeda.
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Foto: Plumas Atómicas
