Por Ángel Álvaro Peña
Las carreteras son las arterias del país y deben circular los mexicanos libremente según puede leerse en la Carta Magna en su artículo 11. Porque resulta por demás contradictorio que los conservadores defiendan aparentemente el artículo 6 y 7 de la Constitución que se refieren a la manifestación de las ideas y la libertad de difundir opiniones y no defiendan el once que habla de la libertad de los mexicanos de transitar por sus caminos libremente sin necesidad de salvoconducto o permiso.
Si les dejara dinero la represión contra la libertad de expresión serían los primeros en ejercerla, como lo hicieron en sexenios anteriores, cuando se castigaba con cárcel a los que cuestionaban el gobierno.
Es decir, las cuotas de las carreteras violan la Constitución y es por ello que ahora hubo un paso atrás en Caminos y Puentes Federales (Capufe), dependencia que anunció la suspensión del aumento al peaje en carreteras nacionales.
Cuando la antigua Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, no tenían el recurso económico suficiente pidieron ayuda y complicidad a las empresas privadas extranjeras, principalmente españolas, para que construyeran los caminos, a cambio les dieron la concesión de cobrar por pasar por esos caminos que debía ser libres para todos los habitantes del país, convirtiéndose no sólo en un gran negocio sino en la fuente de corruptelas cuyas consecuencias todavía padecen los mexicanos.
Ayer comentábamos en este mismo espacio, que las autopistas del Estado de México no sólo son muy caras sino con trayectos muy cortos, lo cual va en detrimento del costo de los productos que se transportan por tierra. El pretexto era que ya tocaba el incremento, lo que quiere decir que están programados los aumentos para que los constructores extranjeros sigan ganando dinero acosta de los mexicanos y continúen llevándose el dinero a sus países de origen, alzaron sus cuotas ante la inminente apertura del aeropuerto de Santa Lucía y así dar a conocer que viajar de la Ciudad de México a esa terminal era muy caro. Se trata de sabotear, a como diera lugar las obras de la actual administración desde el gobierno priista de esa entidad.
Incluso se habla de una campaña promocionada por esas empresas españolas que pagaban a los medios para que difundieran la idea de que por las carreteras federales o libres, los asaltos a los automovilistas eran cotidianos y a cualquier hora del día. Cuando en realidad los robos ocurrían tanto en las libres como en las de cuota.
Sin embargo, a pesar de la prohibición del incremento los precios aumentaron desde el primer minuto del 15 de febrero, los conductores particulares tienen que pagar 62 pesos, antes erogaban 58 pesos en la caseta Ojo de Agua de la autopista México-Pachuca.
También se incrementó el peaje en cuatro pesos en la autopista Peñón-Texcoco concesionada a la empresa Pinfra, de Aguascalientes, por lo que ahora los choferes deben desembolsar 54 pesos por un tramo de 17 kilómetros, antes eran 50 pesos, lo que significa un aumento de 8%. Esa vía enlaza a municipios del nororiente del Valle de México con la terminal aérea de la Ciudad de México.
Los automovilistas que circulan por la México-Toluca ahora pagan 97 pesos, cuando antes eran 91 pesos, lo que representa un alza de 6.18%. Por ese camino de cuota se llega al Aeropuerto Internacional de Toluca.
Usuarios del Circuito Exterior Mexiquense, el más caro del país, denunciaron el aumento en el pago del peaje.
Los caminos ahora no sólo son negocio redondo y fuente ce corrupción sino una manera más novedosa pero efectiva de sabotear obras del gobierno. Cualquier que sea la razón el perjudicado es el pueblo, en quien menos piensan unos y otros.
