Ciudad de México. — Un nuevo frente de tensión política y judicial se abrió entre México y Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia estadounidense señalara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, junto a otros nueve funcionarios, por presuntos vínculos con el narcotráfico y colaboración con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con la acusación, las autoridades estadounidenses sostienen que el mandatario estatal habría pactado con dicha organización para facilitar el tráfico de drogas hacia su territorio, incluyendo fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, además de brindar protección e información a líderes criminales para evadir acciones judiciales.
Tras darse a conocer los señalamientos, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de extradición por parte del gobierno de Donald Trump, mismas que fueron turnadas a la Fiscalía General de la República para su análisis conforme a la legislación nacional. La dependencia precisó que la solicitud fue enviada sin pruebas concluyentes, por lo que corresponderá a la autoridad mexicana determinar si existen elementos para proceder penalmente.
En paralelo, la Fiscalía confirmó el inicio de una investigación para evaluar la validez de las acusaciones, mientras el caso comienza a escalar en el ámbito político. Desde la oposición, voces como la del dirigente del PAN, Jorge Romero Herrera, han planteado la desaparición de poderes en Sinaloa, al considerar la gravedad de los señalamientos.
En la misma línea, el líder de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, pidió al gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo deslindarse del mandatario estatal y permitir una investigación sin interferencias.
La lista de personas señaladas incluye a funcionarios de distintos niveles, entre ellos legisladores, mandos de seguridad y autoridades locales, lo que amplía el alcance del caso y coloca bajo escrutinio a estructuras institucionales en la entidad. Según la acusación, estos servidores públicos habrían participado en esquemas de protección a la organización criminal, obstaculizando investigaciones y facilitando sus operaciones.
El señalamiento revive además episodios recientes que han marcado la administración estatal, como la controversia en torno a la captura de Ismael Zambada García, conocido como “El Mayo”, quien en su momento refirió encuentros con actores políticos en el estado, lo que alimenta el contexto de sospechas.
Mientras las autoridades mexicanas analizan la solicitud de extradición y la viabilidad de las acusaciones, el caso se perfila como uno de los más delicados en la relación bilateral, al involucrar a un gobernador en funciones y poner en juego temas de soberanía, cooperación internacional y combate al narcotráfico.
