Chihuahua. — La crisis generada por la presunta participación de agentes estadounidenses en un operativo en territorio mexicano ya cobró su primera consecuencia política. El fiscal del estado, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia luego de una semana marcada por inconsistencias, presión institucional y cuestionamientos sobre el manejo de la información.
El anuncio se dio tras la presentación de avances en la investigación interna ordenada por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, en la que se reconocieron fallas en la comunicación y en el control del operativo donde presuntamente estuvieron presentes dos agentes de la Central Intelligence Agency. El ahora exfiscal admitió que la información difundida inicialmente no era consistente y que existieron omisiones que vulneraron los protocolos institucionales.
Las indagatorias, encabezadas por la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva, reconstruyen los hechos a partir de decenas de entrevistas y peritajes. De acuerdo con estos primeros hallazgos, los agentes extranjeros viajaban en un convoy oficial que partió desde la capital del estado el pasado 16 de abril, y cuya ruta terminó en un accidente fatal en un barranco durante la madrugada del domingo. Fue precisamente ese siniestro el que dejó al descubierto la presencia de los funcionarios estadounidenses, hasta entonces no reportada.
El informe señala que los agentes no formaban parte formal del despliegue operativo ni participaron en la planeación o ejecución del operativo en Guachochi. Su presencia se mantuvo restringida y sin interacción directa con mandos militares, limitándose a contactos con personal de la Agencia Estatal de Investigación. Aun así, su inclusión en el convoy no fue reportada a niveles superiores, lo que detonó el escándalo.
En el accidente murieron el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera, así como otro integrante del Ministerio Público, lo que añadió gravedad al caso y aceleró las exigencias de rendición de cuentas.
El Gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que no tenía conocimiento de la presencia de los agentes, quienes habrían ingresado al país con pasaporte diplomático y bajo condición de turistas. Además, se reiteró que no portaban armas ni existían indicios visibles de que actuaran oficialmente dentro del operativo.
El caso escaló rápidamente al ámbito político, con llamados desde el Congreso para que la gobernadora rinda cuentas sobre lo ocurrido. Mientras tanto, la mandataria estatal ha mantenido un perfil bajo, en medio de una creciente presión que no solo cuestiona la coordinación institucional, sino también el respeto a la soberanía nacional.
La renuncia de Jáuregui ocurre en un contexto donde el propio gobierno federal ha insistido en que la cooperación internacional en materia de seguridad debe apegarse estrictamente a la ley. La eventual presencia de agentes extranjeros sin conocimiento oficial abre un nuevo frente en el debate sobre los límites de dicha colaboración.
