Ciudad de México. — La polémica por la posible participación de agentes extranjeros en operativos de seguridad en territorio nacional escaló este viernes, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo solicitara explicaciones formales al gobierno de Chihuahua.
El tema fue abordado durante su conferencia matutina, donde confirmó que el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pidió información directa a la gobernadora María Eugenia Campos Galván sobre un operativo en el que, de manera extraoficial, se señala la posible intervención de agentes de la Central Intelligence Agency.
Aunque el encuentro entre autoridades federales y estatales se desarrolló en un tono cordial, el señalamiento de fondo no pasó desapercibido: en este caso, afirmó la presidenta, no se habrían seguido los protocolos establecidos para la cooperación internacional en materia de seguridad.
La reunión, que se realizó en privado y tuvo una duración menor a una hora, se dio en medio de la controversia por la supuesta presencia de agentes estadounidenses participando en tareas operativas dentro del estado.
Más allá del caso específico, la presidenta fue enfática al subrayar que la cooperación internacional tiene límites claros.
“La soberanía no se negocia”, sostuvo, al reiterar que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros debe realizarse bajo lo establecido en la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
En ese sentido, el gobierno federal enviará una comunicación a todas las entidades del país para recordar los lineamientos que deben seguirse en este tipo de coordinación, incluyendo la necesidad de canalizar cualquier vínculo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores o del gabinete de seguridad.
La mandataria aclaró que México mantiene colaboración con agencias de Estados Unidos en materia de seguridad, pero insistió en que esta se realiza sin subordinación y bajo esquemas formales previamente autorizados. Recordó que incluso existe presencia de personal extranjero avalado por instancias federales, siempre dentro de un marco legal que garantice el control institucional.
actividades ilícitas, como el desmantelamiento de más de 2,500 laboratorios clandestinos durante la actual administración.
Sin embargo, el caso de Chihuahua abre un nuevo frente de discusión sobre los límites de la cooperación internacional y el papel de las autoridades locales en este tipo de operaciones.
Por ahora, la responsabilidad de aclarar los hechos recae en el gobierno estatal, que deberá proporcionar la información solicitada por la federación.
El tema, más allá de un operativo en particular, vuelve a colocar sobre la mesa un principio clave en la política nacional: la defensa de la soberanía frente a cualquier intervención externa.
